Presidenta de la SAN se refiere a la promulgación de la Reforma al Código de Aguas
El pasado viernes 25 de marzo el presidente Gabriel Boric promulgó la reforma al Código de Aguas, normativa que regula el uso de los recursos hídricos del país, priorizando el acceso para el consumo humano.
Lo anterior “permite encaminarnos hacia una transición hídrica justa y un uso sustentable del agua”, publicó en su cuenta de Twitter el mandatario, explicando a través de un video parte de los cambios que introduce la normativa.
Uno de ellos es la integración “del cambio climático como un factor que amenaza y limita la disponibilidad de agua, protegiendo la función ecosistémica del vital elemento”, señaló la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien agregó que es “un instrumento que nos habilita y entrega oportunidades para hacer un uso más sustentable del recurso”.
El proyecto fue despachado el pasado 12 de enero por el Congreso, y considera el cumplimiento de siete prioridades estratégicas de la Dirección General de Aguas (DGA), centradas en mejorar la información de recursos hídricos, la colaboración con organizaciones de usuarios de agua, la gestión estratégica de cuencas, la tramitación de expedientes, innovación tecnológica, transparencia del funcionamiento y la actualización de la legislación de agua. Cristóbal Juliá, director regional de la DGA, explicó que en estos momentos la dirección a nivel central está trabajando en la implementación de esta reforma al código, asegurando que, si bien, la base se mantiene bastante similar, “sí prioriza definitivamente el consumo humano, permitiendo, en caso de tener esta competencia con actividades productivas como la agrícola, priorizar el consumo humano independiente de los derechos de aprovechamiento de agua con los que se cuente”.
Desde el mundo agrícola, la presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte , María Inés Figari, sostuvo que la aprobación del Código de Aguas, mantiene satisfecho al gremio, ya que finalmente se concluyó la modificación a la normativa con reglas claras para la actividad agrícola, clave en la seguridad alimentaria, “donde fuimos invitados en reiteradas ocasiones a exponer nuestro punto de vista, los cuales dentro de ellos está la consideración de la prioridad del uso para el consumo humano, situación que en la práctica siempre se ha realizado en las peores sequías que ha vivido nuestra región”.
Figari agregó que otra de las indicaciones que “habíamos puesto énfasis es en la certeza jurídica que requerimos para el desarrollo de la labor agrícola de nuestra región, que debe luchar con la sequía y desertificación y el hecho de que los derechos de agua ya constituidos se mantengan en el uso, goce y disposición del titular. Ahora se espera el apoyo del Estado con programas específicos, para poder realizar el saneamiento y regularización de los derechos de agua de los pequeños agricultores, cumpliendo los plazos establecidos por la nueva normativa, dado que es difícil el acceder a realizarlos, por el alto costo y la burocracia”.
Desde el gremio agrícola agregaron que otro tema es el de la convención constitucional, “donde quedamos en la incertidumbre con respecto a la labor agrícola, sin agua es imposible continuar y el ser humano requiere de alimentos. Recordamos que el agua se transforma en los alimentos que consumimos”.
María Inés Figari puntualizó que la “DGA siempre ha tenido las facultades, pero no tiene las condiciones ni han fortalecido su institución, como por ejemplo la fiscalización, acá en la región no superan los 3 a 4 profesionales para realizar el trabajo en terreno y el buen uso del recurso hídrico, por ende estamos esperando cuáles serán los planes de acción para realmente generar nuevas fuentes hídricas, fiscalizaciones, asegurar el consumo humano con medidas concretas que sean a corto, mediano y largo plazo”.
NUEVO CÓDIGO
La reforma al Código de Aguas se tramitó durante 11 años y reconoce el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable y que se trata de un bien nacional de uso público, cuyo dominio y uso pertenecen a todos los habitantes.
Consagra la prioridad del abastecimiento para el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia tanto en el otorgamiento como en el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas, entre otros puntos.